Si no es ahora, ¿cuándo? Cuando no hay respuesta, hay comunidad

El sábado 19 de julio, miembros de la comisión directiva de la Asociación Cooperadora, realizamos un relevamiento técnico, autorizado institucionalmente, en todo el edificio escolar. Fue una jornada organizada, con objetivos claros: evaluar el estado edilicio, identificar riesgos y sistematizar necesidades para garantizar condiciones seguras y dignas de estudio. La revisión fue completa, ordenada y documentada conforme al Decreto 4767/72, art. 1, que nos habilita como entidad corresponsable del bienestar escolar.


En dicho recorrido constatamos situaciones de deterioro estructural que contradicen el derecho a enseñar y aprender en condiciones de salubridad, accesibilidad y funcionalidad. Las observaciones ya forman parte de un informe institucional que entregaremos según vía formal.


Es importante aclarar que, por decisión unánime de la Comisión, no publicaremos imágenes del relevamiento. Entendemos que la documentación sensible debe ser tratada con responsabilidad, evitando alimentar el espectáculo de la crisis. No queremos generar indignación pasiva; queremos acción sostenida. Y la transparencia también se ejerce con criterio.


El jueves 17 de julio mantuvimos una reunión institucional con la Inspectora Regional, el equipo directivo y miembros de esta Asociación. En ese espacio se abordaron uno a uno los puntos elevados por nuestra entidad, en una instancia de diálogo necesaria y constructiva. El art. 2 del Decreto 4767/72 exige a las autoridades "facilitar y apoyar la acción de las entidades co-escolares".


Allí se acordaron medidas concretas: realización de reuniones conjuntas, planificación anticipada de muestras técnicas, entrega de requerimientos diarios para talleres, y la habilitación formal del relevamiento. También se ratificó el uso del cuaderno de comunicaciones como canal oficial institucional entre la escuela y los padres.


Uno de los puntos críticos fue la situación del cartel desprendido en el frente del edificio. La escuela informó que fue notificado al Consejo Escolar en marzo y que su retiro corresponde al municipio. También, desde inspección, se nos comunicó que las obras estructurales pendientes se encuentran en proceso de relicitación y podrían finalizar en 2026, según cronograma municipal. Frente a esto, esperamos plazos reales y acciones intermedias.


El 14 de julio enviamos una nota institucional dirigida al equipo directivo, la Inspección y el Consejo Escolar. El objetivo fue elevar formalmente nuestras observaciones, necesidades y propuestas para el fortalecimiento de la vida escolar. Fundamos cada punto en el marco legal vigente: Decreto 4767/72, Estatuto de Cooperadoras, Ley Provincial de Educación, y normativa del Portal ABC.


En dicha nota se solicitaron acciones urgentes para revertir el deterioro edilicio, acompañar la planificación escolar, facilitar el acceso físico y simbólico de la cooperadora a la escuela, y actuar ante omisiones que comprometen la seguridad y la calidad educativa de los estudiantes.


Se dejó en claro que la cooperadora no busca sustituir funciones del Estado, pero sí articular soluciones reales ante la inacción. Como comunidad escolar, nos corresponde señalar lo que está mal, proponer cómo mejorarlo, y organizarnos para actuar dentro del reglamento si no hay respuestas institucionales. Ese es nuestro rol, y lo ejercemos con responsabilidad.


Previo al envío del correo, la Comisión Directiva de la Asociación se reunió para evaluar de forma colectiva el estado general del establecimiento y el rol de la cooperadora en este contexto. Observamos una falta de respuesta institucional sostenida, una desconexión en la comunicación y la necesidad urgente de tomar posición ante el deterioro de las condiciones edilicias.


En esa reunión se delinearon los ejes que luego serían enviados en la nota formal. No fue una reacción impulsiva, sino una acción pensada, consultada y documentada. El art. 1 inc. h del Estatuto nos habilita a intervenir en mantenimiento, pero también nos exige hacerlo con planificación y legalidad.


A la par, tomamos una decisión política: no ser cómplices del abandono. La escuela no puede sostenerse en el silencio ni en el desgaste emocional de sus familias, docentes o estudiantes. Por eso, como cooperadora, vamos a hacer lo que nos toca. Con respeto, con normativa, y con toda la comunidad como testigo.


Todo esto surgió por una incoherencia estructural de los organismos.

Como es de público conocimiento, la EEST N°1 fue recientemente beneficiada con dinero del programa Quilmes Coopera 2025, destinado a financiar proyectos pedagógicos impulsados por estudiantes. Celebramos que existan fondos públicos que reconozcan la creatividad y el compromiso juvenil. Es una señal de política activa hacia el fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad.


Sin embargo, no podemos ignorar una desconexión alarmante: se destinan millones a proyectos mientras los chicos los desarrollan en aulas con humedad, picaportes rotos y matafuegos vencidos. ¿Cómo se sostiene una propuesta de calidad si se hace en un entorno que vulnera lo más básico? ¿Qué mensaje damos si premiamos la idea pero descuidamos el espacio que la contiene?


Nuestra reunión con la Inspectora Regional, el correo institucional y el relevamiento autorizado no fueron gestos aislados. Fueron respuestas concretas a una situación contradictoria. Recibir fondos está bien; no aplicar el sentido común para resolver lo urgente, no. Pedimos coherencia entre los recursos asignados y las condiciones materiales del aprendizaje.


Desde esta asociación disponemos que si no hay respuesta, habrá intervención legal y comunitaria Advertimos con total claridad: si la dirección escolar no eleva los pedidos correspondientes o si los organismos responsables no dan respuesta en tiempos razonables, esta Asociación intervendrá. No lo haremos por capricho, sino por mandato estatutario y legal. Lo haremos con transparencia, bajo control institucional y dentro del marco que la ley nos permite.


Esto implica activar intervenciones de bajo impacto como mejoras menores, jornadas de mantenimiento, contrataciones específicas y gestiones con proveedores comunitarios. Todo se hará cumpliendo las normas de contratación y validación posterior con el Consejo Escolar. No haremos nada improvisado, pero tampoco vamos a quedarnos inmóviles.


Como dice la Guía de Cooperadoras Escolares del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “La participación organizada fortalece la escuela pública y la convierte en un verdadero espacio de inclusión, calidad y justicia social”.


Si no hay Estado presente, la comunidad se levanta.

Y nosotros estamos listos.


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